EL DERECHO DE ACCIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El cambio provocado por el impacto de la fuerza normativa de los derechos fundamentales transformó el concepto de derecho y el modo de comportarse de los jueces frente a la legislación. Esto quiere decir que, si el significado de la legislación procesal pasó a depender de las garantías constitucionales de justicia y el derecho de acción pasó a verse como un mecanismo imprescindible para que el Estado cumpliera su deber de tutelar los derechos, incluidos los fundamentales, se hace necesario reconsiderar el concepto de derecho de acción.

En el Estado constitucional, el derecho de acción es indispensable no solo para lograr las prestaciones fácticas de naturaleza social que corresponden al Estado (acción para la tutela de derechos difusos y colectivos), sino también para la tutela específica de las normas de protección de los derechos fundamentales (tutelas inhibitoria y de remoción del ilícito) y para el ejercicio del control sobre la insuficiencia de tutela normativa de los referidos derechos (mediación de la eficacia de los derechos fundamentales sobre los privados).

Además, en la actualidad, la acción también es un mecanismo que facilita la participación del ciudadano en la reivindicación de la tutela de derechos vitales para la justa organización social (acción para la tutela de derechos difusos), así como en la gestión de la cosa pública, mediante la demostración de desvíos e incorrecciones en la administración del patrimonio público (acción popular).