¿QUIÉN GUARDA A LOS GUARDIANES?
El control judicial de la administración pública norteamericana
Compartir este producto:
Categoría | Derecho Administrativo |
ISBN | 9788411254533 |
Peso | 0.60 |
Idioma | Español |
Editorial | Aranzadi |
Autor | Martin, Shapiro |
Tapa | Cartoné |
Traductor | Estella de Noriega, Antonio |
Año | 2022 |
Ciudad | Navarra |
Páginas | 172 |
En el periodo de tiempo que este libro cubre, los Estados Unidos de América pasaron por una fase de aceleración de la regulación en materia de salud pública, seguridad, y protección medioambiental, que adoptó el Congreso de los Estados Unidos y que implementaron los departamentos del gobierno (el equivalente a los “ministerios” en Europa) y las agencias administrativas independientes.
Los Tribunales federales, al aplicar e interpretar el derecho administrativo, empezaron a controlar de manera muy activa este nuevo corpus legislativo de derecho administrativo, exigiendo que las agencias elaboraran expedientes administrativos más completos, lo que culminó en la imposición de requisitos dialógicos que hicieron que los reguladores administrativos tuvieran que escuchar y responder a cualquier parte que estuviera interesada en el objeto de la regulación, para terminar ejerciendo un tipo de control judicial sustantivo a través del estándar de que la nueva norma no podía ser ni “arbitraria ni caprichosa”. Esta última exigencia fue de hecho una aplicación concreta de la propia terminología empleada por una ley Federal de suma importancia en este contexto, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA por sus siglas en inglés).
Los reguladores administrativos, con el tiempo, aprendieron a vivir con este tipo de exigencias impuestas por los Tribunales de justicia. Lo que hicieron para contestar a estas demandas judiciales fue generar expedientes administrativos muy voluminosos, que contenían análisis de tipo técnico realmente muy sofisticados. El resultado de todo este proceso fue bastante paradójico. Los Tribunales estaban exigiendo análisis cada vez más técnicos por parte de las agencias administrativas y regulatorias, análisis que los jueces, que por naturaleza carecen de conocimientos y experiencia técnica, eran cada vez más incapaces de entender. Y, más en general, el resultado fue un tipo de gobierno cada vez más tecnocrático y menos democrático.
Una historia bastante similar se estaba desarrollando, casi en paralelo, al otro lado del Atlántico. En Europa, el mismo tipo de preocupación por la protección de la salud, la seguridad en el trabajo, y el medioambiente, estaban emergiendo con el progreso técnico y económico. La Unión Europea empezó siendo no mucho más que una zona de libre comercio pero, de manera casi inevitable, acabó convirtiéndose en un gran regulador Europeo, puesto que las diferentes regulaciones de los países eran impedimentos al comercio intra-comunitario. La Unión Europea empezó con la historia del déficit democrático, que el reforzamiento del Parlamento Europeo no ha solucionado del todo, ni siquiera en estos momentos. Pero la mayor parte de la legislación que se aprueba en la UE proviene de la Comisión Europea, que no deja de ser un órgano altamente tecnocrático. También, al igual que ha ocurrido en los Estados Unidos de América, se ha producido una proliferación de agencias independientes, tanto en la UE como en sus Estados Miembros, con una buena dosis de coordinación entre ellas, agencias de las que forman parte expertos muy bien formados desde un punto de vista técnico. De hecho, su legitimación proviene de su conocimiento experto, antes que de su carácter de órganos representativos democráticamente.