Antes que nuestro país incorporara la Terminación Anticipada del Proceso Penal, la única forma de imponer una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, era luego de agotado el juicio oral, aún si el encausado aceptaba la imputación que formulaba en su contra el Ministerio Público y existían suficientes elementos probatorios que la corroboraban.
La figura constituye uno de los medios más interesantes para canalizar las expectativas en una administración de justicia más rápida, se trata de una alternativa al juicio oral, fortalecida a través de la negociación de pena, circunstancias y consecuencias del hecho punible que pueden efectuar el fiscal e imputado.